Italia investiga a Stellantis, Tesla, Volkswagen y BYD por información engañosa
Las autoridades italianas analizan posibles prácticas comerciales desleales relacionadas con la autonomía de los vehículos eléctricos y la degradación de las baterías.
La Autoridad de Competencia de Italia anunció que está investigando a Stellantis, Tesla, Volkswagen y BYD por presuntamente proporcionar información engañosa sobre el rendimiento de sus vehículos eléctricos (EV).
El foco de la investigación se centra en la autonomía de los autos, la degradación de la batería y las limitaciones de la garantía estándar, lo que podría constituir una infracción del Código del Consumidor.
Información poco clara en los sitios web
Según el organismo regulador, los sitios web de estos fabricantes ofrecen datos «genéricos y a veces contradictorios» sobre la autonomía de los autos eléctricos, sin especificar claramente los factores que pueden afectarla, como el clima frío, el uso del aire acondicionado o el tipo de ruta.
Además, se alega que no brindan información completa sobre la degradación de la batería con el uso normal ni sobre los términos de la garantía.
En Italia, el incumplimiento de las normativas de derechos del consumidor puede derivar en multas que van desde los 5.000 hasta los 10 millones de euros.
Como parte de la investigación, se realizaron inspecciones en las sedes italianas de las cuatro compañías, con la colaboración de la Guardia di Finanza, la policía financiera del país.
Respuestas de las automotrices
De acuerdo a un informe de Reuters, Stellantis afirmó en un comunicado que está cooperando plenamente con la autoridad y que ya ha proporcionado la documentación requerida. El fabricante aseguró haber dado respuestas precisas y completas a las preguntas formuladas por los funcionarios y afirmó que la satisfacción del cliente es su prioridad.
El mismo informe explica que BYD y Volkswagen optaron por no hacer comentarios sobre la investigación, mientras que Tesla no respondió de inmediato a la solicitud de declaraciones.
La investigación sigue en curso y podría derivar en sanciones para los fabricantes si se confirma que su información incumple las normativas de transparencia y derechos del consumidor.
